En octubre pasado, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ordenó abrir una investigación penal ante las denuncias sobre la utilización de cebos con productos tóxicos detectados por todo el territorio gallego, ya que podían poner en riesgo la cadena alimentaria y el consumo humano mediante la intoxicación de las aguas fluviales y subterráneas. La mayoría de los casos se detectaron en zonas dedicadas a la caza.
Según el informe del Seprona, en los últimos diez años se constataron en el Rexistro de Intoxicación de Fauna de Galicia 130 casos de cebos envenenados. Entre ellos destacaban nueve detectados en Mazaricos y cinco en Marín y Noia. El problema de Mazaricos estaba relacionada con el envenenamiento de perros, práctica utilizada por cazadores de sociedades limítrofes como forma de venganza y para evitar la actividad cinegética en una zona determinada. Desde el 2004, los agentes del Seprona realizaron 55 intervenciones en la comunidad, 24 de ellas en Pontevedra, 18 en Ourense y 13 en A Coruña. El caso concreto de Lugo, donde el Seprona no registró ningún incidente aunque sí lo hicieron los Servicios de Conservación de la Naturaleza, pone de relieve, según el informe de la Guardia Civil, «una falta de comunicación entre las dos instituciones».
Como se sospechaba, la investigación ha confirmado que el veneno más utilizado contra los animales es la estricnina, una sustancia prohibida desde hace varios años en España, y que en la mayoría de los casos detectados proviene de Portugal.
Otras sustancias empleadas en los cebos son barbitúricos, organofosforados, rodenticidas o carbamatos. Como algunos productos están prohibidos o son de comercio restringido, la Fiscalía consideró también que se debía indagar sobre las fuentes de suministro.
El Seprona sugiere en su informe que se redacte un protocolo integral para investigar y prevenir este problema y la adopción de medidas más contundentes en los cotos en los que se detecte el uso de cebos envenenados, como la prohibición de la caza durante un período determinado o la supresión de ayudas públicas.