El pasado viernes, 31 de mayo, la Comisión de Caza de la Federación Gallega de Caza (FGC) se reunía nuevamente con el Consejero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, con el director general de Conservación, Ricardo García Borregón, y con Miguel Prado, del Grupo Parlamentario Popular, con la ley de caza como protagonista.

La reunión arrancaba con cierta tensión por ambas partes, tensión que se iría limando a medida que iba avanzando el encuentro; los representantes federativos insistieron en que el actual texto del anteproyecto es un revés para la caza social en Galicia e hicieron hincapié en que, para continuar con el actual tejido social, es fundamental la modificación de algunos artículos, entre ellos, los más discutidos: los daños patrimoniales, las zonas de seguridad y las competencias de la guardería.

Después de una intensa reunión, desde la Consejería, y desde el Grupo Parlamentario Popular se comprometieron a analizar de nuevo las enmiendas de la FGC y buscar una nueva redacción para los artículos más controvertidos, cuando menos una redacción satisfactoria para los cazadores gallegos, manifestando, tanto el representante del Grupo Popular como la Consejería, su deseo es de que la ley cuente con el respaldo del colectivo cinegético.

La Comisión federativa, después de varios meses de reuniones y negociaciones, salió por primera vez con cierto grado de optimismo pero sin bajar la guardia; la FGC aguarda que la participación del representante del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Prado, y su condición de cazador y expresidente de una sociedad de caza, ayude a la Administración a comprender el malestar de los cazadores gallegos respecto al actual texto.