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Los daños del jabalí tensan la relación agricultores-cazadores
Una asociación de afectados levanta actas notariales de los destrozos
| Inma Eiroá · 16/6/2013
La población de jabalíes en el norte de España ha crecido, en una tendencia que se mantiene durante los últimos años. Es un dato que apuntaba hace pocos días el biólogo Miguel Delibes, en una entrevista publicada en este diario, y que constatan cada año los agricultores de A Mariña, entre otros comarcas gallegas. Los daños que producen estos animales en las plantaciones está tensando en las últimas semanas la relación entre cazadores y agricultores en la zona oriental mariñana.

Es un conflicto que en su día propició la creación de la Asociación de Afectados polo Xabarín. Ahora mismo la integran cerca de un centenar de asociados de los municipios de Trabada, Ribadeo y Barreiros. Su presidente, Fernando Gómez Oliveros, explicaba que están levantando acta notarial de los destrozos que se están produciendo en las fincas, haciendo un expediente desde que se siembran las tierras hasta que madura el cultivo, en este caso maíz.

Esta misma semana, continúa explicando Gómez Oliveros, personal de una notaría «veu ver unha finca de 1,5 hectáreas de millo que ten danos no 80%». El valor total de los destrozos no lo tienen cuantificado, pero apuntó que existen explotaciones que han sufrido pérdidas por valor de 2.000, 4.000 o 5.000 euros, una cantidad importante que según Oliveros no pueden asumir, menos en los tiempos que corren.

La Ley no deja lugar a dudas

Desde la Consellería de Medio Ambiente indicaban esta misma semana que los daños causados por especies cinegéticas son, según la legislación vigente, «responsabilidade dos titulares dos dereitos cinexéticos, é dicir, dos tecores». Y añadían que, por tanto, la Administración autonómica no tiene responsabilidades en lo que se refiere a las indemnizaciones.

Oliveros, como presidente de la asociación de afectados, coincide totalmente con el Gobierno gallego. Señala como responsables de los daños causados por los jabalíes a los tecores, a los cazadores, hacia los que Gómez Oliveros se muestra muy crítico. Entiende que si tienen una concesión para cazar deben de cumplir la ley y hacerse cargo de los daños; no ve lógico, por parte de los afectados, tener que recurrir al juzgado para reclamar las compensaciones correspondientes, ni que los tecores se reúnan para acordar que no los van a abonar: «¿Cómo é posible acordar o incumplimento da ley vixente?», se pregunta el presidente de esa asociación de afectados. Advierte, además, que la situación está tomando una deriva preocupante: «Vaise tensando a corda». Una opinión en la que coinciden otros muchos.


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