Una patrulla de la Guardia Civil se presentó en casa del sospechoso tras ser requerida por su ex mujer, quien contó a los agentes que había recibido una llamada de su hija, que decía estar retenida contra su voluntad en casa del acusado.

Cuando los guardias llegaron a casa del sospechoso, en Cabana, la hija les entregó más de 200 cartuchos y detonadores, además de informarles de que su padre tenía en casa varias armas.

El tribunal indica en la sentencia que, al verse acorralado "ante la inminencia de un registro", el hombre les estregó tres escopetas de caza, dos revólveres, una pistola y un pistolete. Según pudieron comprobar los agentes que se encargaron de investigar el caso, el acusado tenía licencia para las tres primeras armas, pero no para el resto, que introdujo en España de forma ilegal procedentes de Suiza.

El tribunal considera cierto que el sospechoso exhibió las armas de una manera amenazante a miembros de su familia, pero entiende que no hay pruebas de que la hija del acusado estuviese en la vivienda contra su voluntad y que el padre la retuviese. La sala le absuelve del delito de detención ilegal que le había imputado la acusación particular, y por el que pedía que fuese condenado a cuatro años de cárcel.

En el juicio, la hija del denunciado declaró que su padre la había amenazado con matarla si se marchaba después de que ella le dijese que iba a dejar el domicilio familiar porque estaba "harta de penurias". La versión que mantuvo en la vista oral no es la misma que dio en fase de instrucción, donde llegó a mencionar la existencia de abusos sexuales.

Ante la falta de concreción de sus denuncias y el cambio en el contenido de las mismas, el tribunal entiende que el hombre no puede ser condenado por un delito de detención ilegal. Como no tiene antecedentes y la pena no supera los dos años de cárcel, el acusado puede pedir la suspensión de la misma.