El titular de Medio Rural, Samuel Juárez, el director general de Conservación de la Naturaleza, Ricardo García-Borregón, y el presidente de la Federación Gallega de Caza, José María Gómez Cortón, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para presentar las conclusiones de la jornada "La situación de la caza en España: daños, cultivos y caza", celebrada el pasado 2 de octubre.
"La sociedad debería reconocer la función social de la caza y de los cazadores como reguladores de las especies", subrayó Gómez Cortón, una labor que también defendió el conselleiro, quien se mostró partidario de realizar las "revisiones legales pertinentes" sobre este asunto en aras de ser "capaces de enfocar mejor este problema" medioambiental derivado de cambios en el ecosistema.
En este sentido, Juárez adelantó que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha creado, a iniciativa de la Xunta, una comisión para revisar el régimen legal sobre la responsabilidad civil por daños provocados por la caza, una competencia de la Administración central, mientras que a la Comunidad Autónoma corresponde la relativa a la caza, explicó Gómez Cortón.
"No es culpa de nadie", continuó Juárez en referencia a los agricultores, cazadores o la administración, sino que el aumento de jabalíes o corzos se debe al proceso de abandono de muchos núcleos del rural en detrimento de especies como la perdiz, sostuvo.
Por esa razón, insistió en colaborar "entre todos" para buscar fórmulas que atajen o mitiguen este problema, y una de ellas es el mapa de daños provocados por el jabalí que la Consellería prevé presentar en dos semanas, o la ampliación en la práctica de la temporada de caza de jabalí en las zonas con más daños, con el fin de favorecer el control de esta especie.
Según Gómez Cortón, anualmente se cazan unos 15.000 corzos y jabalíes, lo que contribuye a regular estas especies y favorecer por tanto la agricultura y, además, en 2009 se produjeron unos 2.000 accidentes por atropello de animales, el 50 por ciento silvestres, precisó.
Es por ello que tanto el Ejecutivo autonómico como los cazadores se mostraron partidarios de compartir responsabilidades, pues por ejemplo no se puede cazar en los 100 metros que distan de algunas vías de comunicación, lo que provoca que se concentren en este espacio más animales con el consiguiente riesgo, una responsabilidad que debería asumir el titular de dicha carretera.
Este planteamiento deriva además en la necesidad de un equilibrio de responsabilidades entre los Tecor (terreno cinegéticamente ordenado) que cumplen o no los planes establecidos, de forma que los primeros vean "recompensada" su buena gestión y los segundos sean "castigados con más responsabilidad", alegó el conselleiro.
No obstante, agregó, no hay que exigir más responsabilidad de la que puedan soportar los Tecor, sociedades de caza normalmente gestionadas por cazadores de la misma comarca, porque podrían no ser viables y "no se resolverían los problemas".
En Galicia hay unos 450 Tecor, integrados en un 70 por ciento por gentes del campo, y 2,5 millones de hectáreas de terrenos cinegéticos, lo que supone el 85 por ciento del territorio.
"Hay que nivelar más las responsabilidades", concluyó.
En cuanto a las cifras económicas, el director general de Conservación de la Naturaleza informó durante la jornada de que el año pasado la Xunta recibió unos 5.000 avisos por daños en cultivos producidos por animales salvajes, de los que 1.500 acabaron en expedientes administrativos para el trámite de indemnizaciones.
Durante su comparecencia esta mañana, subrayó la implementación de medidas preventivas y explicó que en 2010 el Gobierno gallego contempló en sus presupuestos una partida de 240.000 euros para indemnizaciones por daños en la agricultura causados por la fauna cinegética.
Estos datos llevaron a Juárez a subrayar que la Xunta está asumiendo prácticamente el coste de estos daños cuando ha de hacerlo "sólo cuando las piezas de caza provengan de espacios gestionados por ella". EFE |
