La respuesta deja, sin lugar a dudas, más interrogantes todavía. La disputa, generalmente a través de la vía judicial, se juega a tres bandas. Por un lado, están los cazadores. Si el suceso ha tenido lugar en vías que atraviesan cotos de caza, la ley indica que serán ellos quienes se harán cargo de los daños cuando el accidente sea consecuencia de una batida autorizada o de una negligencia del Tecor. Sin embargo, esta legislación -que se reformó en el 2005- es interpretada de formas distintas por los jueces: hay quienes todavía imputan toda la responsabilidad objetiva a los cotos. Pero son los menos. La mayoría resuelven a favor de las sociedades de cazadores.

Si el accidente está fuera de terrenos de caza, la responsable es la Administración titular de la carretera o la empresa concesionaria de la vía -en caso de autopistas-, si se debe a deficiencias en el trazado o vallado de las proximidades en las que se detecte la presencia de estos animales.

En caso de que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriores, los conductores pueden reclamar los daños a las aseguradoras, pero tan solo un 20% de los casos se resuelven a su favor. Al final surge otro interrogante: ¿pagan justos por pecadores?