El Grupo Socialista lamenta que la nueva Ley sobre Tráfico que aprobó ayer el Congreso con los votos del PP haga responsables a los conductores que se vean involucrados en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas y exime de toda responsabilidad al dueño del coto.
La portavoz adjunta en la Comisión de Seguridad Vial y diputada por León, Helena Castellano, considera que esta medida “perjudica” especialmente a Castilla y León donde se producen más de 5.000 accidentes cada año.
Los animales que mas accidentes provocan en Castilla y León son el corzo (47 por ciento), el jabalí (31 por ciento), los cánidos (14 por ciento), los ciervos (5 por ciento) y un 4 por ciento son producidos por otros animales. Las provincias donde mas siniestros se producen de estas características son Burgos, con 1.608; seguida por León, con 1.480; y Soria, con 891 siniestros, según las estimaciones hechas públicas por la Federación de Caza de Castilla y León.
Pero es que los siniestros se han duplicado desde 2009, cuando se produjeron 2.200 accidentes según la propia Junta de Castilla y León. Además, Castellano recuerda que en la Comunidad existen unos 5.000 cotos privados de caza, con un 95 por ciento de superficie con derechos cinegéticos.
La diputada considera que el resultado del texto de esta Ley es una “oportunidad perdida” para modernizar la actual normativa y una “frustración”, ya que el Grupo Popular “ha intentado hurtar el debate en el Congreso de temas tan importantes como la transposición de una Directiva para el intercambio de información para poder sancionar determinadas infracciones cuando se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se cometió la infracción”.
La diputada también critica que el PP intentara cambiar en el Senado el sistema de cursos de recuperación de puntos y pusiera en cuestión “un modelo de éxito de ocho años, reconocido por las asociaciones de víctimas, por los usuarios e incluso por las universidades de nuestro país”.
Castellano afirma que la tramitación de la ley ha sido “improvisada y atropellada” y recuerda que el Gobierno anunció “a bombo y platillo” un nuevo Reglamento General de Circulación, a pesar de que incorporaba cambios que necesitaban de reforma legislativa, como el aumento de los límites de velocidad y la “obsesión” por obligar al uso del casco a los usuarios de las bicicletas en el entorno urbano, lo que “puso en pie de guerra a usuarios, profesionales, fabricantes e incluso a los alcaldes de su propio partido”.
“Estamos ante una reforma de la ley que en lugar de responder a una demanda de mejorar la seguridad, se centra en establecer obligaciones para favorece intereses poco claros”. Y al amparo de una supuesta defensa de la seguridad, “se introducen nuevas obligaciones y prohibiciones y se aumentan las sanciones de forma desproporcionada”, concluye