La sentencia trae causa de la denuncia presentada por dos hermanos, propietarios de un viñedo en el término municipal de Requena, contra la Sociedad de Cazadores de San Antonio de Requena, en la que exigían una indemnización de 7.863,89 euros, más intereses legales y costas, por los perjuicios sufridos en la finca debido "a los daños" causados por los conejos, "que no fueron controlados por la citada sociedad".

Los demandantes atribuían la culpa de la "excesiva proliferación de conejos"- el área de San Antonio de Requena es una de las más afectadas por la plaga de conejos que se ha extendido por toda la Comunitat Valenciana- a la Sociedad de Cazadores "que era conocedora de esta situación y no hizo nada por impedirlo".

Según aseguraban, los conejos destruyeron algunos plantones de vid que los propietarios habían utilizado para reponer las marras en una plantación anterior. A su juicio, la Sociedad de Cazadores debería "haber velado por la conservación y restauración de la normalidad de las poblaciones silvestres, impidiendo por medio de las medidas correctivas de que disponía, que se multiplicasen y proliferasen animales susceptibles de causar daños".

Afirman que tras comunicar el "desastre" que los conejos estaban provocando en dos parcelas recién plantadas, la sociedad se limitó "a llevar perros de caza y extender las defecaciones" de los canes "para intentar ahuyentar a los conejos".

Ante la presunta inactividad, los propietarios usaron hurones para descubrir que las madrigueras habían llegado al mismo viñedo. Incluso recurrieron al veneno...

Por parte de la sociedad alegó que no era responsable de la proliferación de conejos y la "ausencia probatoria" sobre la conexión directa entre los presuntos desperfectos- que los cazadores no reconocían- y la abundancia de piezas que escapaban al control de las escopetas.

La instrucción del caso requirió el testimonio de hasta siete declarantes entre agricultores, viveristas, cazadores, ingenieros agrónomos, comerciantes de pesticidas, etc.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Requena ha desestimado la demanda y obligado a la parte demandantes a pagar las costas del juicio. Argumenta que no han quedado acreditados los daños y recurre a sentencias anteriores para recordar la necesidad de "rigor probatorio" como garantía de la "tendencia culpabilística" que atribuye a la jurisprudencia.