La presidenta de la protectora Parque Animal, en Torremolinos (Málaga), se enfrenta el 15 de noviembre a una petición fiscal de cuatro años de cárcel por "exterminio" de casi 2.200 animales a los que supuestamente aplicaba menos producto eutanásico y les causaba "una lenta y dolorosa agonía".

La mujer está acusada de un delito continuado de maltrato animal e intrusismo profesional así como un delito continuado de falsedad en documento oficial por un particular y en el banquillo de los acusados también se sentará un empleado de la protectora como cooperador necesario.

El fiscal en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, destaca que se realizaban sacrificios masivos, sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos por vía distinta a la intravenosa (como viene prescrito) y sin sedación previa.

De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por la acusada ya que "se retorcían de dolor a su vista durante horas".

Estas "auténticas sesiones de exterminio" se realizaban sobre animales normalmente sanos, jóvenes en muchas de las ocasiones, algunos de ellos entregados en el centro tan solo días (incluso horas) antes y sin que hubiese causa que justificase su muerte, salvo la falta de espacio y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados, según la acusación pública.

Para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba las música a la megafonía del centro a alto volumen.

"Consciente los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano y para evitar que quedara testimonio de dicho acto", se subraya en el escrito acusatorio.

Los dos acusados carecían de titulación en veterinaria de ninguna clase y el fiscal destaca que "por tal cruel procedimiento" se calcula que los procesados han sacrificado entre enero de 2009 y octubre de 2010 un número aproximado de 2.183 animales.

La dueña de la protectora como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella "quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba los datos necesarios para sus fines".

También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento o alteraba presuntamente su contenido en los extremos necesarios a sus intereses.