Y es que en la mañana del 30 de mayo, volvió a aparecer en Asturias un lobo muerto en un lugar público, siendo el cuarto en pocos meses. Se trataba de una cabeza colgada de una señal de tráfico en el Concejo de Salas. Y aunque tanto la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) como la Asociación de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias creen que el animal no murió de forma violenta y que puede que incluso lo encontraran muerto, el hecho de decapitar al lobo y colgar su cabeza de una señal habla por sí solo de cómo están los ánimos en las zonas donde el cánido salvaje protagoniza diariamente ataques al ganado.  

Se trata de un acto macabro, absolutamente repudiable, que demuestra, una vez más, la tensión instalada en las áreas loberas asturianas, tensión que también se respira en la vecina Galicia, en Castilla y León y en otras autonomías donde los lobos provocan daños a la ganadería y a la cabaña cinegética.

Sin embargo, lejos de tomarse las medidas oportunas, las administraciones competentes, temerosas de la repercusión mediática del lobo ibérico y de las acciones que pudieran emprender aquéllos que promulgan la sobreprotección de la especie y la prohibición absoluta de su caza, se muestran desconcertadas y evidencian un desacierto en todas y cada una de las acciones que ponen en marcha, lo que aumenta la crispación social y hace que sean los lobos quienes paguen el pato.

En definitiva, se pongan como se pongan ecologistas, animalistas e incluso ‘lobistas’, o se hacen efectivas las indemnizaciones por ataques de lobos en tiempo y forma y se asume con normalidad que la caza de esta especie es absolutamente necesaria en toda su área de distribución (al norte y al sur del río Duero), pero una caza seria, responsable, sin cortapisas ni amenazas, dejando hacer a los que saben y llevando a cabo un control efectivo de las densidades loberas, o barbaridades como ésta e incluso peores puede que pasen de ser aisladas a frecuentes.