El problema finalizaría aquí si no fuera porque la Asociación Provincial de Caza replica que no se responsabiliza porque existe una normativa autonómica que no les permite reducir la población del jabalí.

En la zona de Dorrón la mayoría de agricultores no son profesionales, sino que su agricultura es de subsistencia. Plantan maíz que se suele utilizar para el consumo de la casa y que también es muy apetecible para los jabalíes, que esta semana han causado destrozos y daños en varias fincas. Los afectados, a través de la asociación de vecinos de Dorrón, han denunciado una serie de incongruencias que muy probablemente acabarán en los juzgados, y es que cuando han acudido a solicitar una reparación económica a la delegación de Medio Ambiente ésta les ha remitido a la Sociedad de Caza de A Lanzada, que tampoco se hace responsable de los daños, según confirmaba ayer el presidente de la Asociación Provincial de Caza, Javier Nogueira.

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal de Dorrón, José Lobato, reclama una solución para los afectados, pero se teme que tendrán que recurrir a la vía judicial “cuando es la administración la que tiene que responsabilizarse”.

El problema parte, según explica el responsable del colectivo provincial de caza, de la situación de indefensión actual de los cazadores: “Esa zona ha sido afectada por los incendios de agosto de 2006 y existe una ley desde entonces que no permite cazar en los terrenos afectados durante tres años excepto que haya una autorización específica de Medio Ambiente con un informe favorable de Medio Rural. Estos permisos no te los dan porque cuando se solicitan, sobre abril o mayo, el maíz no ha crecido y no hay destrozos, pero el problema se repite siempre en estas fechas estivales”.

Los cazadores piden mayor flexibilidad a la administración porque tienen claro, declara Nogueira, que “se crea una conflictividad social que va en contra de los cazadores y que no estamos dispuestos a asumir, sobre todo porque la caza debe de ser un efecto mitigador de los daños, no un efecto multiplicador de los mismos”.

Reproducción > El problema es que durante estos dos últimos años, desde los incendios de 2006, el jabalí se ha repoblado y es habitual que recorra kilómetros durante la noche en búsqueda de alimento, que encuentran precisamente en abundancia cuando el maíz está suficientemente crecido. Las sociedades de caza son las responsables de los aprovechamientos cinegéticos, incluso si están ubicados en fincas privadas, de ahí que la Xunta les otorgue también la responsabilidad de los daños. En este sentido, el presidente del colectivo provincial de caza destaca que “es cierto que la Ley de Caza Gallega, de 1997 remite a los responsables de los aprovechamientos cinegéticos, pero no se nos da autorización para las batidas por ser zona afectada por los incendios y sólo se nos ofrece esperas nocturnas, a lo que nos negamos”.

Desde la Consellería de Medio Ambiente se critica esta oposición a las denominadas “esperas”. De hecho, fuentes de este mismo organismo destacaban ayer que no había en trámite ninguna solicitud de espera nocturna.

La oposición a la fórmula alternativa de las “esperas” está relacionada, señala Nogueira, con que “nadie se va a poner a esperar en pleno invierno durante horas a que aparezca el jabalí, pero es que además las esperas no tienen el mismo efecto disuasorio”

Mientras, los vecinos afectados ven cómo sus fincas amanecen destrozadas y nadie se responsabiliza, aunque tampoco pueden defenderse de los jabalíes porque se arriesgan a una fuerte multa. En la actualidad, la Consellería de Medio Ambiente está tramitando los TECOR (Terreno Cinegéticamente Ordenado), lo que anteriormente se denominaba “Coto de Caza”, y las primeras batidas sobre el jabalí (que se trasladan contínuamente en búsqueda de alimiento) están autorizadas para el próximo 13 de septiembre. Lo cierto es que la Xunta de Galicia considera que tiene argumentos de sobra para exigir responsabilidades a los cazadores y viceversa.